Por: Raúl Vela Carhuas
De lo que va del año, 20 personas fueron asesinadas por armas de fuego en la región Huánuco. Este desmesurado crecimiento del índice de criminalidad ha generado una grave preocupación entre la población que tiene la percepción – razones no les falta – de sentirse abandonada a su suerte. Numerosos delincuentes en su mayoría jóvenes desadaptados que no miden el peligro y creen que portando un arma son invencibles, vienen esparciendo la violencia por la ciudad.
La ola de asesinatos de estos primeros 40 días del año exige respuestas profesionales y sostenidas en el tiempo por parte de las autoridades a fin de encontrar una solución a este delicado problema.
Para nadie es un secreto que el status quo de miseria rural, establecido y confirmado con cada período gubernamental, expulsa, como un efecto de inevitabilidad social, a grandes masas de
población que van engrosando las condiciones paupérrimas de la ciudad, que llegan a incrementar la
demanda de
servicios y que hacen crecer todos los
indicadores sociales en la parte urbana.
Si a ello agregamos la inconformidad que surge en sectores marginados del mal uso que se hace del
gasto público municipal, regional y del
gobierno central, comprenderemos porque las condiciones de
seguridad ciudadana van deteriorándose y nos convierten en vulnerables en lo más elemental: en la
seguridad personal.
Para el abogado y profesor universitario, Eustaquio Robles, dos serían las razones que explicarían esta ola de criminalidad que viene ocurriendo en Huánuco.
Una de ellas, dice, sería el poco accionar de la Policía Nacional del Perú debido a que no cuentan con el número ideal de efectivos para una ciudad de más de 700 mil habitantes. Se habla de que tenemos actualmente unos 500 policías para toda una región.
A ello habría que agregar, señala, las
leyes para sancionar a las personas que cometen delitos no son las más apropiadas, ya sea porque no se cumplen de manera correcta o no se ajustan a la realidad, por tanto, el sujeto que comete un delito tiene un sin fin de formas de reducir su pena o atenuarla. A esto hay que sumar los derechos humanos que protegen más a los criminales que a las víctimas.
Robles remarca que siendo así las cosas mucha gente prefiere optar por el camino de hacerse justicia por sus propias manos. Los asesinatos del ex alcalde de Amarilis, César Martínez, y del ex presidente del club León de Huánuco, Nelson Neyra, confirmaría dicha hipótesis.
Por su lado, el abogado Naut Aguilera considera que la no existencia de una adecuada coordinación entre la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial, Municipalidad Provincial de Huánuco, Gobernación, etc., que permita en forma conjunta contrarrestar esta ola de criminalidad, ha hecho que esta crezca. Pero esta no sería la única razón, explica Aguilera.
La carencia de personal capacitado, en las diferentes unidades especializadas, principalmente en
Criminalística, para atender los diferentes peritajes en casos de homicidios, y otros ilícitos penales, de gran connotación, genera un retraso en las investigaciones y por consiguiente el comentario desfavorable a la función policial.
La falta de medios logísticos para que el personal policial se movilice, especialmente en zonas rurales y centros poblados alejados de más de dos días de camino de herradura, es otra de las razones que no ha permitido en algunos casos la culminación satisfactoria de investigaciones policiales, registradas en las comisarías y jefaturas especializadas.
Se cual fuera las causas que originan esta alta tasa de criminalidad en Huánuco, lo cierto es que el delito, además de la vida de las víctimas, deteriora las condiciones de vida del resto de la población, que vive en el temor y se ve obligada a modificar hábitos cotidianos, pierde libertad de movimientos y se enfrenta a la disyuntiva de destinar parte de sus ingresos a gastos de seguridad.
Deberán tener en cuenta también, que buena parte de las conductas delictivas son consecuencia del deterioro de los valores sociales y familiares provocados por el empobrecimiento, la falta de trabajo y la pérdida de expectativas de progreso basado en el esfuerzo personal. Es decir que no podrá esperarse una mejora en la seguridad hasta que no se revierta el retroceso social. En este punto, mucho tiene que ver el gobierno.